REAL DECRETO por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
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Regula el cheque formación para
desempleados para que las Comunidades Autónomas puedan ponerlo en marcha.
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Impulsa una formación profesional para
el empleo que mejore la empleabilidad de los desempleados y las capacidades de
los trabajadores, y responda a las necesidades del sistema productivo
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Permite mayor eficacia, eficiencia y
transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados al Sistema de
Formación
El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto por el que se desarrolla la Ley del 9 de septiembre de
2015 que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito
laboral.
En concreto, se desarrollará la
regulación de las iniciativas y programas de formación profesional para el
empleo, los requisitos y límites de las acciones formativas, sus destinatarios
y la forma de acreditación de las competencias adquiridas por los trabajadores.
Además, se incorpora el desarrollo del nuevo sistema integrado de información
que permitirá disponer de una información completa, actualizada permanentemente
y verificable de las actividades formativas desarrolladas en todo el territorio
nacional, que permitan su trazabilidad, y que desemboca en la "cuenta de
formación" regulada en la Ley de Empleo.
En todo el
territorio nacional
El ámbito de aplicación será en
todo el territorio nacional, con el objetivo de impulsar y extender entre las
empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que mejore la
empleabilidad y el desarrollo profesional y personal de los trabajadores, y que
responda a las necesidades del sistema productivo y la competitividad
empresarial.
Esta nueva norma continúa la senda
iniciada con la aprobación de la citada Ley de 2015 de permitir mayor eficacia
y transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados al Sistema de
Formación. Además, regula el funcionamiento y financiación de las Estructuras
Paritarias Sectoriales creadas por la Ley, que constituyen los referentes
sectoriales estatales de la formación profesional para el empleo, en la
detección de necesidades y en el diseño, la programación y la difusión de la
oferta formativa para trabajadores ocupados.
El Real Decreto prevé que la
Comisión Estatal de Formación para el Empleo asuma nuevamente las funciones del
Consejo General del Sistema Nacional de Empleo en materia de formación
profesional para el empleo, reguladas en la mencionada Ley 2015.
Cheque Formación
Respecto al Cheque Formación,
establece requisitos y condiciones que deberán cumplirse para el disfrute por
los trabajadores desempleados del cheque formación y establece que las
Comunidades Autónomas, previa consulta a las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas, podrán ponerlo en marcha en el ámbito de
actuación de sus competencias, dando cuenta a la Conferencia Sectorial de
Empleo y Asuntos Laborales.
Los gastos derivados del Real
Decreto serán financiados por la Administraciones Públicas competentes en su
gestión, a través de sus respectivos presupuestos. En el presupuesto de gastos
del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el año 2017 se prevé la
existencia de 1.086 millones de euros destinados a financiar iniciativas de
formación dirigidas a trabajadores ocupados y 897 millones, para la formación
de desempleados.
En la elaboración de este Real
Decreto han participado las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas, y las Comunidades Autónomas; han emitido informe el Consejo
General del Sistema Nacional de Empleo y el Consejo General de la Formación
Profesional, y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales.
Antecedentes
Al comienzo de la Legislatura el
Gobierno inició una reforma integral del sistema de formación profesional para
el empleo y sentó las bases para un cambio de modelo con el fin de superar las
debilidades que el sistema venía acumulando. Con la reforma laboral, aprobada
en febrero de 2012, se introdujo la nueva cultura del empleo, que garantiza el
derecho a la formación permanente.
En este contexto se aprobó el 9 de
septiembre de 2015 la Ley para la reforma urgente del Sistema de Formación
Profesional que recibió el apoyo parlamentario del 90 por 100, en el Congreso
de los Diputados y en el Senado. La reforma fue fruto de un amplio proceso de
diálogo y participación con los agentes sociales.
Las principales medidas adoptadas
por la Ley para la mejora y eficacia del Sistema son:
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La gestión de los fondos destinados a
financiar las programaciones formativas de las distintas Administraciones
Públicas se abre a la concurrencia competitiva de todos los proveedores de
formación acreditados y/o inscritos
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Se elimina la posibilidad de
subcontratación, salvo para la contratación del personal docente
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Las acciones formativas podrán
financiarse a partir del momento de su concesión o adjudicación.
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Se limita el pago anticipado con un
límite máximo que no podrá superar el 25 por 100 del importe concedido.
Igualmente, podrá preverse el pago de hasta un 35 por 100 adicional una vez
acreditado el inicio de la actividad formativa y, como mínimo, un 40 por 100
del importe concedido se hará efectivo una vez finalizada y justificada la
actividad formativa subvencionada.
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Se apuesta por la evaluación permanente.
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Se incrementan los recursos para luchar
contra el fraude, como el nuevo sistema integrado de información, o con la
nueva unidad especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia
de formación profesional para el empleo.
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Se refuerza el régimen sancionador.
Entre otras medidas se contempla como sanción accesoria la exclusión del acceso
a ayudas, subvenciones por un período máximo de cinco años (en vez de dos) en
algunas infracciones muy graves.
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Se fijan los módulos económicos máximos.
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Los costes indirectos no podrán superar
el 10 por 100 del coste total de la actividad formativa realizada y
justificada.
Fuente: Referencia Consejo de Ministros 3 de julio 2017
